El Gobierno interviene los laboratorios privados, que le piden una reunión antes de regular los precios de los test

Un mes después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha adoptado la decisión de intervenir todos los centros privados de diagnóstico clínico para ponerlos a disposición del Sistema Público de Salud y colaborar así en la realización de pruebas de la Covid-19, tanto PCR como test rápidos de detección de anticuerpos. El Ministerio de Sanidad controlará además el precio de estas pruebas, que deberán ser prescritas por facultativos, para evitar «situaciones abusivas».

A través de la Orden SND/344/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado, los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico existentes desde este martes.

La norma establece además la obligación de notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad en la que se opere los casos de coronavirus detectados, con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a cada administración autonómica establecer el procedimiento. Los laboratorios privados también deben comunicar la compra de test rápidos, especificando el tipo de material, el número de unidades adquiridas y el destino de uso.

Según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con esta medida el Gobierno quiere evitar principalmente dos fenómenos. Por una parte, el objetivo es evitar que las pruebas de diagnóstico se malgasten realizándose a personas que no las necesitan, por ejemplo, porque no presenten síntomas.

«Lo que no podemos es permitir que en periodo de escasez se utilicen en grupos poblacionales en los que no va a ser eficaz para el resultado», ha dicho Simón, en alusión a las personas sin síntomas, puesto que incluso las PCR, más precisas que los test rápidos, solo son efectivas cuando estos aparecen.

Por otro lado, se busca conocer el resultado de todas las pruebas que se realicen en España, un dato «clave» para «controlar la transmisión» de la enfermedad. El experto de Sanidad ha agregado que con la intervención de los laboratorios privados se asegura igualmente que «los resultados de las que se hagan queden bajo la tutela y el conocimiento de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas», que son las que trasladan sus datos al Ejecutivo central.

La pregunta es por qué se toma esta decisión un mes después de decretarse el estado de alarma, a lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido que algunas comunidades habían solicitado una aclaración del asunto: «Ya desde el principio la sanidad privada se puso a disposición de la sanidad pública y ha funcionado muy bien. Pero se han detectado algunas situaciones que han aconsejado que era conveniente clarificar esto a través de una orden ministerial».

«Esta decisión asegura que todos los recursos trabajan en la misma dirección, conforme a la estrategia de testeo establecida por los epidemiólogos y bajo criterios de equidad», ha añadido Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a la intervención de expertos del Comité de Gestión Técnica. El ministro ha negado que se haya requisado material a ninguna empresa.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha reaccionado de forma favorable ante la nueva disposición al considerar que «es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas». «De hecho, los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo», ha concretado.

La patronal del sector tampoco se opone a la regulación de precios, pero en este punto señala que «los exigentes requisitos en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas» que se dan en el mercado deberán ser tenidos muy presentes «para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real«. «En caso de producirse, esta situación podría acarrear que los centros clínicos privados no puedan operar y, por tanto, no tengan margen para mantener su servicio, algo similar a lo que sucede con los problemas de liquidez del conjunto de la sanidad privada», ha advertido.

«Subrayamos la necesidad de que el Gobierno se reúna con nosotros de forma previa a la determinación de las condiciones de regulación, para informarles de nuestra capacidad y margen para la adquisición de test, en el contexto de la delicada situación financiera y económica en que se encuentra el sector sanitario privado», ha solicitado el presidente de ASPE, Carlos Rus, que aboga por «un flujo de información constante con la administración central”.

La alianza sostiene haber actuado «con proporcionalidad en el precio respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de Covid-19 en el mercado internacional».

ASPE, que señala que la mayoría de los laboratorios existentes son públicos, aprovecha para aclarar que los centros privados «han actuado bajo criterios de prescripción médica previa pero también atendiendo circunstancias excepcionales que han justificado la intervención sin prescripción». La organización agrega que solo se hacen PCR en centros hospitalarios, residencias y servicios médicos de empresas afectadas y a personas con síntomas. «Es importante señalar que todos los resultados se han informado a las comunidades pertinentes, tanto los que han dado positivo como negativo», ha concluido.

Una de las primeras comunidades en pronunciarse sobre la Orden SND/344/2020 ha sido Baleares. Su consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha declarado que «de momento no es necesario requisar material de clínicas privadas» para hacer test de detección del coronavirus. «No hemos llegado al máximo de lo que puede asumir el sistema sanitario público en cuanto a pruebas», ha indicado.

La consellera ha señalado que «la coordinación está siendo efectiva» con las clínicas privadas aunque ha admitido que tuvieron conocimiento de varias pruebas realizadas por parte de una entidad privada, a la que advirtieron de que todo debía coordinarse a través del servicio de epidemiología público. «La solicitud a las clínicas privadas es que no hagan pruebas de manera paralela», ha dicho.

Las medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y que ha sido prorrogado. Su incumplimiento podrá ser motivo de sanción para estos centros con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.