Si uno de los progenitores se niega a vacunar a su hija o hijo, ¿qué se debe hacer?

¿Tienen los padres la potestad de decidir si vacunan o no a sus hijos? ¿Qué sucedería en caso de conflicto entre ambos? La vacunación en España es voluntaria al no contemplarse explícitamente la obligatoriedad en la normativa actual y, en principio, nadie puede ser obligado a vacunarse.

No obstante, tal y como subraya el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), existen determinadas circunstancias que pueden permitir a las autoridades competentes imponer la vacunación obligatoria en base a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio.

Respecto a los menores de edad, ¿qué sucede si uno de los progenitores no está de acuerdo con la vacunación? En primer lugar, «para poder determinar si hace falta el consentimiento de ambos cuando uno solo es el custodio, hay que entender si la vacuna está incluida dentro del calendario oficial o si es una vacuna no financiada«, indica la AEP.

En el caso de que no consigan ponerse de acuerdo y exista un conflicto de intereses, «la decisión la toma un juez, oído el menor y el defensor del menor». Es esencial tener en cuenta que los padres o representantes legales siempre tienen que actuar por el bien del menor y «en caso de conflicto prima el interés superior del menor, dando cuenta del mismo a la autoridad judicial, quien decidirá siempre en su beneficio».

Uno de los casos más recientes al respecto fue la ratificación de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a 22 de julio de 2019, de un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Vigo por el que se estimaba la petición de un padre de vacunar a sus hijos menores a pesar de la oposición de la madre, que tenía la custodia.

El fallo de la Audiencia dictaba que se encontraban «ante una materia en la que es criterio primordial el interés superior del hijo, por lo que los Tribunales deben tratar de indagar cuál es el verdadero interés del menor, aquello que le resultará más beneficioso, no solo a corto plazo, sino en el futuro», tal y como recogen desde Iberley.

De esta manera, en base a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el auto expresaba que «todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan», por lo que su interés prima sobre cualquier otro.